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El llamado del internacionalismo científico a renegociar el Tratado Antártico

Antártica

En su edición del 14 de junio último, la influyente revista Nature incluye una serie de artículos dedicados a explicar un diagnóstico y a alertar a la comunidad mundial acerca de las amenazas que se ciernen sobre el medio ambiente antártico. En esos textos Nature refiere no sólo las amenazas del cambio climático y la polución (plástico incluido), sino que, más importante, a lo que entre líneas sus editores dejan entender constituye la obsolescencia de la normativa del Sistema del Tratado Antártico que – a su juicio – está impidiendo enfrentar problemas tales como aquel de la sobrepesca del krill antártico, y sus perniciosos efectos sobre las poblaciones de aves marinas y focas antárticas (protegidas por el Derecho Internacional).

Adicionalmente, los editores de Nature alertan sobre la implícita amenaza de la minería polar que, postergada hasta 2048, se entiende que, por la entrada en aplicación de la normativa del Derecho del Mar sobre plataforma continental extendida más allá de las 200 millas, aun se cierne sobre la Antártica y su Mar Austral circunambiental.

En tono pesimista Nature se lamenta que el veto de lógica geopolítica de algunos países dificulte la solución de esos problemas y – más con frustración que con conocimiento – afirma que el Tratado Antártico de 1959 (no obstante un logro de la realpolitik de la Guerra Fría), en lo principal fue un acuerdo para permitir a algunos países – Chile incluido – “salvar la cara”.  Esta afirmación es incorrecta e injusta.

Con todos esos argumentos, Nature reclama entonces “la reforma del Tratado Antártico” para, en definitiva, permitir que “el futuro de la Antártica sea decidido por la mayoría”.

Política y diplomáticamente esto equivale a reclamar la renegociación del Tratado Antártico: Una caja de pandora.

En los últimos meses y en diversos artículos hemos intentado compartir nuestra preocupación por los efectos que – sobre el interés permanente de Chile – pueden tener estos nuevos desarrollos políticos sobre el modus vivendi y la Pax Antartica.

En lo preliminar, sin embargo, no es posible sino compartir el diagnóstico de los editores de Nature, respecto de que mientras las reuniones y el ritual del Sistema del Tratado Antártico se suceden, problemas urgentes como la efectiva fiscalización de las actividades pesqueras y turísticas (los editores afirman que durante el último verano al menos 14 naves de turismo ingresaron a zonas protegidas) siguen siendo desatendidas.

Como lo hemos explicado, es precisamente la pomposidad política de los países antárticos – comenzando por Chile – lo que ha permitido a estrellas del cine y a otras celebridades posicionarse como “los verdaderos defensores de la Antártica”. En ese mismo contexto, la comunidad científica internacional (sobre todo aquellas agrupada en ciertas ONGs) ha estado en el origen de la embestida internacionalista para convertir a la Antártica en una suerte de patrimonio común que, en lo concreto, parece apuntar a convertir a la Región Polar Austral en un “laboratorio gobernado por un grupo de sabio” de todos (o cualquier) pasaporte.

Para Chile el llamado de Nature a renegociar el Tratado Antártico tiene la mayor gravedad.

Como se indica, en la práctica se trataría de una iniciativa esencialmente política que, vestida del “interés común por la ciencia”, implicaría transformar a la Antártica en una suerte de patrimonio común gobernado por un órgano que – como la Autoridad de los Fondos Marinos – no tiene aplicación concreta, pero que en los hechos importaría entregar las decisiones políticas y el uso de parte del territorio nacional a “la democracia de otros países”. Al final, son los países o grupos de países (como aquellos de la Unión Europea) los que proporcionan el dinero para las actividades científicas en la Antártica orientadas no solo a conservar el medio ambiente sino – y trascendente – también prospectar el uso de sus recursos naturales vivos  y, también, no-vivos (industria de la biprospección). La lógica del reclamo y la propuesta de Nature tiene algo de este último componente.

Por lo mismo, con un cinismo equivalente y con la misma óptica de los editores de Nature, cabría preguntarse: Si la preocupación de fondo es`salvar el medio ambiente antártico´ de la ineficacia de los países del Sistema del Tratado Antártico, desde Punta Arenas podríamos entonces reclamar la internacionalización del Ártico, de la Amazonia o de las cumbres de los Himalayas. Todos estos ecosistemas son igualmente importantes para el futuro de la humanidad.

Quizás por lo mismo, de una manera que parece intencionalmente “naive”, el llamado de Nature omite plantearse las implicancias que la renegociación del Tratado Antártico podría, por ejemplo, tener sobre las relaciones entre Chile y Argentina en el Mar Austral (al sur del “Punto F” del TPA del 1984), o sobre las relaciones de este último país con el Reino Unido en las cuestiones no resueltas de los archipiélagos de las Falkland/Malvinas, Georgias el Sur, Sandwich del Sur y Orcadas del Sur.

Como sabemos, utilizando la metodología que ofrece el Derecho Internacional del siglo XXI, el reclamo argentino de plataforma continental de 2009-2017 vinculó todos esos territorios con la Península Antártica y su área adyacente, incluyendo, además, amplios espacios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Otra vez: una caja de pandora.

Sin embargo, para lo que podríamos llamar “nuestro propio beneficio”, desde una óptica distinta el reclamo (y la propuesta política) de los editores de Nature revela que, a pesar de las declaraciones, los homenajes, los desfiles, las ferias infantiles y las orquestas juveniles tocando en las bases antárticas, existe la percepción de que Chile no controla el 100% de las actividades turísticas y pesqueras que, bajo la actual normativa antártica armonizada con nuestro ordenamiento interno, se realizan de manera legal en nuestro propio territorio polar.

Es esta ausencia en `tiempo real´ del Estado chileno lo que, en parte no menor, ha garantizado al “buenismo internacionalista” la oportunidad para, después de casi 40 años desde que Malasia intentara internacionalizar la Antártica, volver a la carga con el mismo concepto geopolítico. Esta vez – y esta es la novedad – para convertir a la Región Polar Austral en un laboratorio en los que nacionales de países sin ninguna relación directa con dicho territorio puedan trabajar (ergo, “ganarse la vida”)  “a piacere”.

Desde una perspectiva de largo plazo, este nuevo incidente comprueba lo que, a manera de autocrítica, hemos dicho repetidamente, esto es: que nuestra Política Exterior polar carece de visión prospectiva para adelantarse a escenarios y desafíos complejos que, como los aquí descritos, pueden tener un impacto material y mensurable en kilómetros cuadrados sobre el interés permanente de Chile.

Para comenzar a enfrentar este nuevo complejo desafío, parece esencial tener en cuenta que, al menos en lo que respecta a la Antártica Americana, la cuestión es simple: el Territorio Chileno Antártico es una realidad no sólo política, sino geo-histórica y jurídica muy anterior al Tratado Antártico de 1959 y a la normativa desarrollada en torno a el a partir de 1961. La pertenencia de ese territorio a nuestro dominio se fundamenta tanto en razones legales de larga data, como en el descubrimiento, el uso y la ocupación que nacionales (especialmente magallánicos) han hecho de esa parte del Antártico desde mucho antes de la llegada de los primeros científicos del hemisferio norte y, por supuesto, cientos de años antes del arribo de “nuevos países antárticos” de clima tropical.

Un ejercicio de realismo indica, sin embargo, que todas estas razones válidas en una discusión de orden legal, para efectos prácticos en un escenario extra-legal y extra-diplomático no son, necesariamente, eficientes.

Por esta razón esencial y más allá de cualquier “razón de costos”, lo que a mi juicio el Estado chileno debe hacer es, simplemente, cumplir con sus compromisos internacionales controlando el turismo, la pesca y cualquier otra actividad que tenga lugar, en cualquier estación del año, en el territorio de nuestra Provincia Antártica, Territorio Antártico incluido.

El desafío es político, y no “un problema de presupuesto”.

Para ello es también necesario que nuestra Política Exterior incluya, de una vez por todas, el componente geográfico, y abandone el cómodo método esencialmente administrativo y político-voluntarista del “copiar-y-pegar” para insistir que, como en el “Gatopardo” de Giuseppe di Lampedusa, para proteger el Sistema del Tratado  Antártico y el interés chileno hay que cambiar para que nada cambie. No es así.

Sin control de las actividades que se realizan en nuestro territorio polar, no hay ejercicio práctico de jurisdicción. Sin jurisdicción, no hay soberanía. Full stop.

Ningún paper científico, ni discurso patriótico, ni desfile dominical, ni orquesta juvenil en las bases antárticas podrá cambiar esta realidad.

Es precisamente que para contribuir a cambiar el enfoque añoso y anquilosado que – como lo revela “la sorpresa” del reclamo-propuesta de los editores de Nature, afecta a nuestro concepto de Territorio Chileno Antártico -, a solicitud de la Cámara de Diputados hemos construido el borrador de “Ley Antártica” que, en marzo último, fue aprobado por unanimidad por el Consejo Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Sin embargo, pese al interés e insistencia del Consejo Regional, ese documento sigue esperando que el Gobierno Regional se decida a convocar a una mesa de diálogo para discutir y perfeccionar ese borrador (52 Artículos), para, enseguida, en un ejercicio de democracia regional, ponerlo a la consideración del Parlamento.

En ese borrador hemos incluido una definición geo-científica concreta de “lo antártico chileno” (desde la península de Taitao al Polo Sur) y, a la vez, hemos propuesto un sistema legal y administrativo armonizado para coordinar y hacer eficaz la acción de los servicios del Estado para fortalecer y perfeccionar el uso y la ocupación de nuestros espacios australes, Polo Antártico incluido.

Sin la necesaria claridad para nuestra acción en el Mar Austral y la Antártica Americana, nuestra soberanía quedará a merced de la arremetida del “buenismo internacional” que, como lo ilustra el último número de Nature, “viene en serio”.

Por Jorge G. Guzmán Mag., MPhil & PhD Polar cantabrigiensis

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