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3.500 empleos podrían verse afectados por no pago de bonificaciones contempladas en Ley Navarino


Empresarios y trabajadores que integran la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino,  se refieren impacto en las fuentes de trabajo que podrían generar  trabas del gobierno regional en la aplicación de la Ley Navarino.

“La postergación artificial y a cualquier costa del pago del beneficio del 20% ya estaría generando un riesgo financiero  para la continuidad de algunas empresas”…

El gremio se refirió al complejo escenario que han debido enfrentar tras los continuos e infundados pronunciamientos administrativos, emitidos por los diversos organismos regionales y en especial ante el no pago de las bonificaciones contempladas en la Ley Navarino.

En tal sentido, el presidente del organismo, Mauricio Inostroza, con cifras en mano argumentó el verdadero impacto que podría llegar a tener el cierre de industrias acogidas a esta bonificación.

“Son cerca de mil quinientos  trabajadores directos los que se desempeñan en empresas acogidas a la Ley Navarino. De este total aproximadamente 750 personas trabajan en 9 plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, pertenecientes a la Asociacion de Industriales y perciben una renta promedio mensual superior al resto de la región”, argumentó.

El año 2016, las plantas procesadoras registraron compras por $40 mil millones, de los cuales un 65% se destina al pago de  materia  prima extraída por los pescadores artesanales.   De estos 26 mil millones  aproximados,  un 62% se destina al pago de remuneraciones de 2.000 pescadores artesanales que tripulan 500 naves artesanales (60 de transporte y  440 extractivas).

“Queremos llamar a la cordura con datos concretos. Acá estamos hablando de rentas anuales que ascienden a los $16.120 millones para el sector -dicho de otra forma- se generan rentas promedio por pescador de $8.060.000 al año, solo por concepto de capturas, transferidas a las empresas instaladas en la zona preferencial.

Fernando Carmona, dirigente de la pesca artesanal enfatizó que, “como sector de la pesca artesanal, no podemos estar ajenos a esta situación de inconsistencia por parte del gobierno regional. Si esto no se resuelve pronto se puede generar una crisis de proporciones. Acá estamos hablando de cientos de pescadores que podrían verse afectados con este entrabamiento del que han sido objeto en relación a la normal aplicación de la Ley Navarino”.

En definitiva 3.500 personas y sus respectivas familias, (poco más de 12.000 personas)  obtienen  ingresos económicos que les permiten vivir de un trabajo real, digno y productivo, efectuado en tierra y en el mar, con total vinculación y dependencia del  beneficio  del  20%  que el Fisco de Chile ha suscrito en base a Contratos Ley hasta el año 2035 con las empresas instaladas en estos territorios.

Mauricio Inostroza agregó que, “como ya señalamos anteriormente la postergación artificial y a cualquier costa del pago del beneficio del 20% ya estaría generando un riesgo financiero  para la continuidad de algunas de las empresas asociadas a este gremio. En efecto, frente al acto formal de presentar una Solicitud de Bonificación a la Tesorería Regional como señala el procedimiento, este organismo rechaza dicha presentación, requiriendo una serie de informes como, por ejemplo, a las Capitanías de Puerto, cuestionando bajo este acto si las naves y acarreos efectivamente navegaron, de la misma forma, informes al Sernapesca para acreditar si los puntos por los cuales navegaron las embarcaciones -a juicio de este servicio- son válidos; exigen informes al SII para acreditar si los documentos tributarios presentados por las empresas solicitantes  son válidos, etc. Somos claros y enfáticos en señalar que no hay ningún inconveniente con esta fiscalización, salvo que el tiempo de pago de una bonificación supera el año calendario. Esto nos parece inaceptable”.

El dirigente explicó que estas respuestas vuelven directamente a Tesorería y es el Tesorero Regional, a través de funcionarios de su dependencia,  quien informa después de varios meses que no se puede pagar la Bonificación, argumentando reparos que, en la mayoría de los casos, no son constitutivos de rechazo dado el alto porcentaje de integración que implica la incorporación de materia prima de la zona.

“Es tiempo para que los detractores de la LN reconozcan que sin este beneficio las empresas que hoy día están instaladas no podrían seguir operando en este  territorio, por el aislamiento,  la lejanía, la accidentada geografía, haciendo en definitiva inviable su operación. Además, no hay que olvidar que este beneficio nació por  razones geopolíticas y de seguridad nacional aparentemente olvidadas y se extendió a Tierra del Fuego por la emigración de sus habitantes. El gobierno regional debe entender que la eliminación de la Ley Navarino es inviable ya que atenta contra el bien social y contra la soberanía”, concluyó.

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