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Gobierno argentino denuncia penalmente por sobrefacturaciones en campaña antártica


Luego de que el apoderado de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA), Alfredo Mestres, denunció el fraude que la organización hizo a la administración pública, la Oficina Anticorrupción decidió denunciar penalmente a los responsables, informó esta semana el diario argentino La Nación.

Estas irregularidades fueron detectadas gracias a una auditoría interna que el propio Mercado Central solicitó y que difundió el medio escrito trasandino en una nota del 8 de agosto. El asunto se denominó internamente “Chocolinasgate“, en alusión al costo irrisorio que tenían las galletitas de chocolate, que llegaron a lo más austral del continente con un 216% de sobreprecio.

El caso empezó el 5 de noviembre de 2010, cuando se firmó el Convenio Marco de Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas. Llevó el número 112/10 y lo firmaron los ministerios de Economía y Defensa, la Secretaría de Comercio Interior y la Corporación Mercado Central. En este marco se envió el convenio interadministrativo para la campaña del verano 2015/2016, desglosado en ocho acuerdos diferenciados en virtud de la mercadería incluida en cada uno.

Los convenios fueron firmados, en su mayoría, entre el presidente del Mercado Central, Carlos Alberto Martínez, y el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi.

Más allá de los precios inflados que se abonaron por la mercadería, existieron otras faltas en la transacción: en primer lugar, no se realizó la comparación con los precios testigo, obligatoria para todas las contrataciones que realice el Estado superiores a $ 1.300.000 y que justamente busca prevenir sobreprecios innecesarios, consignó La Nación.

Por otro lado, a la hora de contratar al Cmcba se especificó que éste no podía subcontratar la provisión de otros servicios. Sin embargo, el 95% de los bienes fueron proporcionados por la empresa Rinorm SRL, un comercio mayorista, y María Alejandra García Gelmini, hija de los dueños de Rinorm, sin haberse realizado ningún tipo de evaluación previa para constatar su solvencia o idoneidad para proveer a la campaña. Sin ir más lejos, García Gelmini, dueña de un comercio de venta de alimentos, declaró ingresos anuales por $ 25.000 y el capital inicial de Rinorm SRL fue de $10.000, claramente insuficientes para una operación de esta magnitud.

Partiendo de este informe, la OA, a cargo de Laura Alonso , determinó denunciar a todos los que se hayan desempeñado en el Directorio de la Corporación del Mercado Central, puntualmente al presidente (Martínez) y vicepresidente.

Asimismo, se incluyen en la denuncia a Norma Gelmini, Ricardo Morales, socios principales de Rinorm SRL y María Alejandra García Gelmini, todos comerciantes que también participaron en la operación.

Por el momento, directivos del ministerio de Defensa quedaron excluidos, pero no se descarta una nueva revisión del caso. En el documento de la OA, al que accedió La Nación, se explica: “Dado a la evidencia manifiesta de la comisión del delito que aquí se denuncia, cualquier intento de esta Oficina por profundizar la investigación y encausarla también a los posibles partícipes por parte de las FF.AA., sólo desviaría el curso de la investigación e insumiría un mayor tiempo que para esta instancia se presenta como valioso”. @prensaantartica

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